Introducción
A menudo, cuando pensamos en políticas públicas, imaginamos a políticos y altos funcionarios tomando decisiones en oficinas cerradas, lejos de la realidad social. Esta imagen, aunque parcialmente cierta, es incompleta. Las políticas públicas no son el producto exclusivo de los gobiernos. Son el resultado de una interacción compleja entre diversos actores con intereses, ideologías, capacidades y poder desigual.
Comprender quiénes influyen, cómo lo hacen y con qué recursos es clave para poder participar activamente en el diseño, implementación y evaluación de políticas, especialmente en ámbitos tan sensibles como la seguridad, la justicia o la prevención del delito. Desde la criminología, esta lectura es vital, ya que revela las verdaderas dinámicas de poder que subyacen a muchas decisiones que afectan la vida de las personas más vulnerables.
¿Quiénes son los actores en la política pública?
En términos generales, los actores se dividen en gubernamentales y no gubernamentales. Pero esta clasificación es solo un punto de partida, ya que dentro de cada grupo hay una diversidad de funciones, capacidades y grados de influencia.
1. Actores gubernamentales
Incluyen a todas las instituciones del aparato estatal: el poder ejecutivo (presidencia, ministerios), legislativo, judicial, gobiernos locales y entidades autónomas. También participan instituciones técnicas, como oficinas de planificación o estadísticas, y órganos especializados en temas de seguridad o justicia penal.
En el caso de Costa Rica, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Paz, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía, la Defensoría Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) son actores claves en la política pública criminológica.
Estos actores tienen la capacidad formal de tomar decisiones, asignar presupuestos y ejecutar políticas. Sin embargo, no siempre tienen la legitimidad social o el conocimiento técnico adecuado, lo que genera tensiones con otros sectores.
2. Actores no gubernamentales
Este grupo incluye organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas, organismos internacionales, medios de comunicación, empresas privadas, universidades, fundaciones y ciudadanos organizados.
Estos actores no tienen poder legal para tomar decisiones formales, pero su capacidad de influencia y presión puede ser incluso mayor que la de algunos entes gubernamentales. Por ejemplo:
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Las ONG pueden proponer modelos de atención y denunciar deficiencias institucionales.
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Los medios de comunicación pueden construir la agenda pública y moldear la percepción social del delito.
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Las universidades generan evidencia científica que fundamenta o cuestiona políticas.
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Los organismos internacionales aportan financiamiento y estándares técnicos.
¿Cómo se relacionan estos actores? Las redes de políticas públicas
Las decisiones públicas ya no se entienden como procesos verticales donde el Estado manda y los demás obedecen. Hoy, el enfoque dominante es el de las redes de políticas públicas o policy networks. Este concepto, propuesto por autores como Heclo y Rhodes, señala que las políticas se construyen mediante la interacción horizontal de actores públicos y privados, en marcos cooperativos y conflictivos al mismo tiempo.
Estas redes pueden ser formales (mesas de trabajo interinstitucionales, comisiones técnicas, convenios) o informales (alianzas personales, pactos tácitos, influencia mediática). Lo importante es entender que el poder está distribuido y se ejerce a través de negociaciones, coaliciones y, a veces, luchas de poder.
En este sentido, el criminólogo no puede ser un mero observador. Debe ser un actor activo, capaz de integrarse a estas redes, aportar evidencia y ética, y cuestionar las decisiones que perpetúan desigualdades o criminalizan la pobreza.
El rol de las coaliciones de defensa
Dentro de las redes, existen lo que Sabatier y Jenkins-Smith denominaron coaliciones de defensa: agrupaciones de actores con creencias compartidas que buscan influir en una política a lo largo del tiempo. Estas coaliciones pueden ser conservadoras (pro-represión, mano dura) o progresistas (derechos humanos, prevención social), y se enfrentan en el campo de las políticas públicas como si fuera un escenario político de largo plazo.
En el campo de la seguridad, estas coaliciones son evidentes. Por ejemplo:
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Una coalición de defensa punitiva puede incluir a partidos políticos de derecha, asociaciones de víctimas, medios sensacionalistas y líderes empresariales.
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Una coalición restaurativa puede estar compuesta por ONG, defensores de derechos humanos, académicos y agencias internacionales.
El conflicto entre estas visiones no siempre se resuelve con evidencia técnica. En muchas ocasiones, las emociones, el miedo social y los intereses políticos definen el rumbo de las políticas, incluso en contra de los datos empíricos.
Medios de comunicación: ¿actores neutrales?
Uno de los actores más poderosos y menos regulados en las políticas públicas actuales son los medios de comunicación. Su capacidad para seleccionar temas, definir narrativas y generar alarma social los convierte en constructores de la agenda pública.
Un ejemplo evidente es la cobertura mediática de la criminalidad en Costa Rica. Aunque los datos muestran que el delito contra la propiedad ha disminuido en algunas regiones, los noticieros destacan casos violentos aislados, generando una percepción de inseguridad desproporcionada. Esto presiona a los gobiernos a adoptar medidas reactivas, como aumentar patrullajes o endurecer penas, que no necesariamente resuelven las causas estructurales del problema.
Organismos internacionales: influencia sin soberanía
En países latinoamericanos, los organismos internacionales como el PNUD, la OEA o la ONU tienen un papel creciente en la formulación de políticas públicas, sobre todo en seguridad, justicia y prevención. Aportan financiamiento, asesoría técnica y marcos normativos.
Si bien su presencia puede enriquecer los procesos con buenas prácticas y estándares de derechos humanos, también existe el riesgo de dependencia técnica o imposición de agendas externas, ajenas al contexto local. El reto es aprovechar su experiencia sin perder autonomía.
Caso nacional actual: red de actores en política penitenciaria
En mayo de 2025, el Ministerio de Justicia y Paz anunció una nueva Política Nacional Penitenciaria, enfocada en la reinserción social y la reducción de la reincidencia. Esta política fue elaborada en conjunto con actores como el Instituto Clodomiro Picado, la Universidad de Costa Rica, la Fundación Justicia y Género, y representantes de personas privadas de libertad.
Este enfoque interactorial es innovador en el país, y refleja un esfuerzo por integrar la voz de múltiples sectores. Sin embargo, enfrenta resistencias de grupos conservadores que critican la “blandura” del sistema penal. Aquí vemos el conflicto entre coaliciones de defensa y la importancia de sostener redes basadas en derechos y evidencia.
📰 Fuente: La Nación, mayo 2025
Caso internacional: red de políticas en violencia de género en España
En abril de 2025, el Gobierno español presentó una política integral para combatir la violencia de género digital. Esta política fue diseñada mediante una red de actores que incluyó ministerios, universidades, plataformas tecnológicas, organizaciones feministas y víctimas. El diseño participativo permitió crear una respuesta más realista, sensible y técnica ante un fenómeno complejo.
Este ejemplo muestra el valor de construir redes amplias que integren conocimiento técnico, vivencias reales y capacidad institucional.
Conclusión
La política pública no es una maquinaria automatizada que responde únicamente a razones técnicas. Es un campo de disputa, de colaboración, de intereses cruzados y de poder. Por eso, entender quiénes son los actores involucrados, cómo operan, y qué redes articulan, es fundamental para intervenir con responsabilidad.
Desde la criminología, tenemos el deber de insertarnos en esas redes con una perspectiva crítica, basada en derechos humanos, evidencia científica y compromiso social. No basta con estudiar el delito; hay que participar en la construcción de respuestas públicas justas y efectivas.
Conocer a los actores no es solo saber “quién manda”, sino entender cómo transformar ese mando en beneficio colectivo.
Referencias:
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Heclo, H. (1978). Issue Networks and the Executive Establishment. Washington D.C.: American Enterprise Institute.
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Ejea Mendoza, G. (2006). Teoría y ciclo de las políticas públicas. Universidad Autónoma Metropolitana.
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