Introducción
Cuando hablamos de políticas públicas, a menudo nos quedamos en el plano de la intención: “hay que prevenir el delito”, “el Estado debe intervenir”, “urge una política en seguridad”. Sin embargo, estas frases, aunque bien intencionadas, no nos dicen cómo se materializan estas decisiones. Para que una política pública se transforme en acción efectiva, debe transitar por un ciclo técnico, estructurado y evaluable. Como criminólogas en formación, comprender el ciclo de las políticas públicas no es opcional: es nuestra brújula profesional.
Este ciclo no es una fórmula mágica, pero nos ofrece una metodología para entender y mejorar la manera en que el Estado responde a las necesidades sociales, especialmente en materia criminal. Cada etapa implica retos éticos, políticos y técnicos que requieren una mirada crítica y profunda.
¿Qué es el ciclo de las políticas públicas?
El ciclo de las políticas públicas es una herramienta analítica que divide el proceso de elaboración e implementación de una política en etapas sucesivas. Su propósito es comprender cómo se transforman los problemas públicos en decisiones estatales, y cómo estas se ejecutan, evalúan y retroalimentan.
Este enfoque fue sistematizado por autores como Harold Lasswell, quien propuso estudiar no solo el “qué” de las políticas, sino el “cómo” y el “para qué” se toman decisiones gubernamentales (Lasswell, citado en Aguilar Villanueva, 1992). Aunque en la realidad los procesos rara vez siguen un orden lineal perfecto, el ciclo es útil para el análisis y diseño de políticas más coherentes y efectivas.
Etapas del ciclo de las políticas públicas
1. Identificación del problema
Todo comienza con el reconocimiento de una situación considerada como problemática por una parte significativa de la sociedad. Aquí, los actores sociales, medios de comunicación, grupos de interés y expertos desempeñan un papel fundamental.
Pero cuidado: no todo problema es evidente. Muchos problemas sociales como la violencia de género o la criminalización de la pobreza han tardado décadas en entrar en la agenda pública porque el poder define qué merece atención y qué no. Como criminólogas, debemos estar alerta ante la manipulación del discurso sobre la “inseguridad” y cuestionar qué datos y narrativas se están utilizando para justificar acciones estatales.
2. Formulación
Una vez identificado el problema, se generan posibles soluciones. Esta etapa requiere análisis técnico, diagnóstico profundo y —algo que muchas veces se olvida— participación ciudadana. No se trata de imponer soluciones desde arriba, sino de construir respuestas viables y legítimas con base en evidencia.
Por ejemplo, si se identifica un aumento en la reincidencia delictiva entre jóvenes, la formulación puede contemplar desde programas educativos hasta estrategias restaurativas. Aquí, la criminología aporta marcos teóricos, estudios empíricos y propuestas metodológicas para intervenir de forma integral.
3. Adopción
En esta fase, se elige entre las alternativas posibles la que será implementada como política oficial. En democracias representativas, esta decisión la toman órganos como el Congreso, ministerios o gobiernos locales, aunque no siempre obedece a criterios técnicos.
Este es un punto crucial donde la criminología debe incidir. Muchas veces se eligen políticas ineficientes —como el aumento de penas— por su rentabilidad política, aunque se sepa que no resuelven el problema. La presión mediática, el populismo punitivo y los ciclos electorales distorsionan esta etapa, y nuestro rol es contribuir con argumentos y datos que contrarresten decisiones impulsivas.
4. Implementación
Es el momento de poner en práctica la política. Aquí se define quién hace qué, con qué recursos, bajo qué normativas y con qué cronograma. Es la fase más vulnerable, ya que las buenas intenciones pueden naufragar ante la burocracia, la corrupción o la falta de coordinación.
Una implementación deficiente puede volver inútil una política bien diseñada. Por eso, es importante que el criminólogo participe en esta etapa desde el monitoreo, la capacitación, el seguimiento de indicadores y la articulación con actores locales.
5. Evaluación
Evaluar no es criticar, es mejorar. La evaluación permite conocer si la política está cumpliendo sus objetivos, si hay efectos no deseados, si se están utilizando bien los recursos y si hay que rediseñar el rumbo. Existen diferentes tipos de evaluación: de procesos, de impacto, de resultados, etc.
En criminología, esta etapa ha sido históricamente descuidada. Existen muchos programas de prevención o reinserción sin evaluación rigurosa. Esto impide saber si funcionan o no. Promover una cultura de evaluación es parte de nuestra tarea como profesionales responsables.
6. Retroalimentación
El ciclo no termina, se reinicia. La evaluación alimenta nuevos diagnósticos y reformulaciones. Esto permite que la política se adapte a los cambios del contexto y aprenda de sus errores. Las políticas públicas deben ser dinámicas, no monumentos inamovibles.
Desde la criminología, aportar a esta retroalimentación es esencial. Podemos ofrecer nuevas hipótesis, estudios longitudinales, análisis de datos y propuestas innovadoras que mejoren la eficacia y legitimidad de las políticas criminales.
Crítica y oportunidades del modelo cíclico
Aunque el ciclo de políticas públicas es una herramienta valiosa, no está exento de críticas. En la práctica, las políticas no siempre siguen etapas tan ordenadas. A veces se implementa sin diagnosticar; otras se formula sin participación; y muchas veces la evaluación brilla por su ausencia.
Además, el poder político puede manipular el ciclo para imponer agendas que no responden a necesidades reales. Por eso, nuestra función como analistas criminológicas es doble: usar el ciclo como guía técnica, pero también como herramienta crítica para visibilizar fallas, omisiones o abusos.
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Conclusión
El ciclo de las políticas públicas es mucho más que una teoría de escritorio. Es una guía para pensar, diseñar e intervenir con responsabilidad. Desde la criminología, debemos apropiarnos de este enfoque para contribuir a políticas más eficaces, humanas y justas.
No basta con tener buenas ideas o denunciar injusticias. Necesitamos incidir con conocimiento técnico, argumentación sólida y ética profesional. Comprender el ciclo nos permite no solo diagnosticar los errores del Estado, sino participar activamente en su transformación.
Referencias:
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Aguilar Villanueva, L. F. (1992). El estudio de las políticas públicas. México: Porrúa.
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Padró-Solanet, A. (2016). Evaluación y análisis de políticas públicas en la política criminal. Universitat Oberta de Catalunya.
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