Introducción
En las últimas décadas, el concepto de prevención del delito ha experimentado una transformación fundamental, alejándose del paradigma punitivo y reactivo hacia modelos integrales, territoriales y basados en evidencia. Este giro no ha sido uniforme en todo el mundo, pero varios países han logrado implementar programas preventivos exitosos con impacto positivo y medible en la seguridad ciudadana. En esta entrada analizaré críticamente dos experiencias internacionales destacadas: el Pacto por la Vida en Pernambuco (Brasil) y el modelo de prevención situacional aplicado en Milwaukee (EE.UU.), enfocándome en sus claves de éxito, retos estructurales y posibles lecciones para Latinoamérica, especialmente para Costa Rica. También analizaré un hecho reciente en Brasil que expone la urgencia de sostener estas políticas en contextos de regresión institucional.
Del modelo represivo a la prevención inteligente
Durante años, América Latina ha sido un laboratorio de políticas de seguridad ciudadana donde coexisten estrategias represivas (“mano dura”) con otras más inclusivas. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que las políticas centradas en la exclusión, la criminalización de la pobreza o el uso excesivo de la prisión preventiva no solo son ineficaces, sino contraproducentes. Frente a ello, algunas experiencias internacionales demuestran que el enfoque preventivo, intersectorial y territorializado, permite reducir la violencia con mayor eficacia y sostenibilidad.
Caso 1: Pacto por la Vida – Pernambuco, Brasil
El Pacto por la Vida (PPV), implementado desde 2007 en el estado brasileño de Pernambuco, es uno de los programas de prevención más reconocidos en América Latina. Su objetivo principal fue reducir la tasa de homicidios, que superaba los 50 por cada 100.000 habitantes. A través de una coordinación interinstitucional inédita, que integró a la policía, el sistema judicial, salud, educación y participación comunitaria, el programa logró una reducción del 39% en homicidios en sus primeros años.
Lo innovador del PPV radicó en su estructura técnica. Incorporó herramientas de análisis criminal georreferenciado, metas mensuales claras y monitoreo ciudadano. Además, fortaleció la presencia del Estado en territorios dominados por economías ilegales, mediante obras sociales, programas juveniles y rehabilitación de espacios públicos.
Sin embargo, a partir de 2017, con los cambios políticos y crisis presupuestarias, el programa fue perdiendo fuerza. La inversión social se redujo y la tasa de homicidios volvió a aumentar, evidenciando que la prevención debe ser política de Estado y no de gobierno. De hecho, en mayo de 2024, la Fundación Getulio Vargas publicó un informe denunciando el debilitamiento de políticas preventivas en el noreste brasileño, lo cual coincide con el aumento del crimen organizado y conflictos territoriales en Recife y Olinda.
Caso 2: Milwaukee Homicide Review Commission – EE.UU.
En Estados Unidos, la Milwaukee Homicide Review Commission (MHRC) se ha convertido en una referencia internacional por su enfoque de microprevención situacional. Desde 2005, esta comisión ha reunido a actores policiales, fiscales, servicios sociales y organizaciones comunitarias para analizar en tiempo real los homicidios cometidos en la ciudad, buscando patrones, causas comunes y oportunidades de intervención temprana.
Gracias a este modelo, Milwaukee logró una reducción sostenida de homicidios del 52% entre 2005 y 2013, y su metodología ha sido replicada en ciudades como Oakland, Chicago y Detroit. El modelo apuesta por la prevención basada en evidencia, inteligencia criminal y trabajo comunitario, evitando tanto la criminalización masiva como la pasividad institucional.
Lo relevante de este caso es su énfasis en la construcción de confianza entre autoridades y comunidades, lo cual contrasta con los modelos de patrullaje agresivo que han exacerbado tensiones raciales en muchas ciudades estadounidenses. La MHRC ha mostrado que es posible hacer prevención efectiva sin militarización, apostando por el conocimiento y la cooperación interinstitucional.
Lecciones para América Latina y Costa Rica
Ambos casos demuestran que la prevención del delito no es una utopía, sino una posibilidad real si se cumplen ciertos principios: territorialización, intersectorialidad, evaluación constante, participación comunitaria y sostenibilidad presupuestaria.
Para Costa Rica, estas experiencias son valiosas por varias razones:
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Primero, porque el país enfrenta un crecimiento sostenido de homicidios, principalmente ligados a disputas por microtráfico y estructuras narco-locales.
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Segundo, porque las comunidades más afectadas por el delito son también las más marginadas del acceso a servicios públicos, oportunidades laborales y redes de apoyo.
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Tercero, porque las estrategias punitivas por sí solas no han demostrado reducir la reincidencia ni el ingreso de jóvenes al crimen organizado.
En abril de 2025, el Observatorio de Seguridad Ciudadana de Costa Rica advirtió que los cantones de Desamparados, Pococí y Puntarenas concentran el 40% de los homicidios del país, lo cual indica “zonas calientes” donde urge un enfoque integral y no solamente policial. En ese sentido, el diseño de un plan costarricense de prevención del delito inspirado en el Pacto por la Vida y el modelo de Milwaukee, podría ser clave para revertir esta tendencia.
Propuesta para Costa Rica: Plan Nacional de Prevención Territorial
A partir del análisis crítico de las experiencias internacionales, propongo una serie de acciones prioritarias para el diseño de un Plan Nacional de Prevención Territorial en Costa Rica:
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Creación de comisiones cantonales de análisis criminal, con participación de MEP, IMAS, IAFA, policía y organizaciones comunales.
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Georreferenciación de la violencia y focos de riesgo para diseñar intervenciones diferenciadas.
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Red de promotores juveniles de prevención, con formación en mediación de conflictos, cultura de paz y liderazgo comunitario.
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Inversión sostenida en infraestructura social (espacios culturales, becas, actividades recreativas) en distritos con alta criminalidad.
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Monitoreo público y rendición de cuentas trimestral de los resultados en prevención, con participación ciudadana.
Estas medidas, si bien requieren voluntad política y recursos, son más viables que continuar invirtiendo millones en cárceles que no rehabilitan, o en patrullajes que no llegan a tiempo. La prevención inteligente es una apuesta ética, económica y socialmente necesaria.
Conclusión
La experiencia internacional demuestra que la prevención del delito es posible, eficaz y replicable, siempre que se fundamente en un análisis territorial, una voluntad política sostenida y una coordinación real entre instituciones y comunidades. Brasil y Estados Unidos ofrecen modelos distintos pero complementarios: uno desde la articulación social y política, otro desde la microprevención basada en evidencia. En ambos casos, el eje común es claro: la seguridad se construye, no se impone.
Costa Rica aún está a tiempo de evitar el colapso de su modelo preventivo. Para ello, debe aprender de lo que ha funcionado y dejar de mirar hacia modelos fracasados de represión sin estrategia. Solo una ciudadanía informada, crítica y activa podrá impulsar ese cambio.
📎 Noticias y hechos actuales relacionados
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Nacional: “Criminalidad en aumento en Costa Rica: más de 300 homicidios en lo que va de 2025” (La Nación, 24 de junio de 2025).
https://www.nacion.com/sucesos -
Internacional: “Violencia recrudece en el noreste de Brasil tras debilitamiento del Pacto por la Vida” (O Globo, 14 de mayo de 2024).
https://oglobo.globo.com
📚 Referencias (APA 6)
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Hernández Latorre, S. D. (2015). Informe: experiencias exitosas en prevención de la criminalidad en América Latina. Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad.
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U.S. Department of Education. (2023). Guía de principios para la creación de entornos escolares seguros, inclusivos, justos y de apoyo. Washington, D.C.
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