Introducción
Cuando hablamos de políticas públicas en prevención del delito, la mayoría de los análisis se concentran en grandes programas nacionales. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas de las estrategias más exitosas han surgido en contextos locales, impulsadas por gobiernos municipales, actores comunitarios y organizaciones no gubernamentales. Esta entrada analizará dos casos emblemáticos: Peñalolén (Chile) y la estrategia de entornos escolares seguros en Costa Rica. Ambos casos muestran cómo el trabajo preventivo localizado puede ser más efectivo, flexible y sostenible que las grandes reformas centralizadas. Además, se expone un caso actual que pone en riesgo los avances preventivos locales ante los recortes presupuestarios en el país.
¿Por qué lo local importa?
La criminología ambiental y la prevención situacional han demostrado que el delito se distribuye de forma desigual en el espacio urbano. Es decir, no todos los barrios, ni todas las poblaciones, enfrentan el mismo nivel de riesgo. Por ello, diseñar políticas desde el territorio permite mayor precisión en la asignación de recursos, en la comprensión de los factores criminógenos locales y en la generación de confianza entre los actores institucionales y la ciudadanía.
Además, los gobiernos locales están mejor posicionados para liderar procesos de intervención temprana, promoción social, recuperación de espacios públicos y gestión comunitaria, aspectos que muchas veces quedan fuera de las competencias del gobierno central. Este enfoque ha sido denominado en algunos estudios como “acupuntura socio-urbana”, ya que interviene directamente en “puntos calientes” de violencia y vulnerabilidad social.
Caso 1: Peñalolén (Chile): modelo de prevención barrial
El municipio de Peñalolén, al oriente de Santiago de Chile, desarrolló desde 2004 una estrategia pionera en América Latina, centrada en la prevención social de la violencia desde el territorio. Su enfoque combinó tres elementos claves: intervención comunitaria, políticas urbanas inclusivas y fortalecimiento de capacidades locales.
El municipio creó observatorios comunales de seguridad, equipos de prevención territorial con profesionales sociales, psicólogos y educadores, y aplicó un sistema de focalización de barrios en riesgo. Se ejecutaron talleres de parentalidad positiva, mediación de conflictos vecinales, formación en derechos humanos y recuperación de espacios públicos.
Los resultados fueron claros: entre 2006 y 2012, las tasas de victimización bajaron un 22%, la percepción de inseguridad se redujo y la participación comunitaria aumentó significativamente. La estrategia fue reconocida por ONU-Hábitat y replicada parcialmente en otras comunas chilenas como La Pintana y Renca.
Este modelo tiene la ventaja de evitar tanto el populismo punitivo como la indiferencia estatal. En lugar de criminalizar la pobreza, la política invirtió en cohesión social, educación cívica y resiliencia comunitaria, demostrando que la prevención no requiere de grandes presupuestos sino de una visión coherente y sostenida.
Caso 2: Entornos escolares seguros – Costa Rica
En Costa Rica, uno de los esfuerzos locales más relevantes ha sido la implementación del programa “Entornos Escolares Seguros” por parte de centros educativos, en coordinación con el MEP, Fuerza Pública, IMAS, IAFA y gobiernos municipales. Aunque no se trata de un plan nacional homogéneo, sí se han desarrollado experiencias cantonales muy exitosas en lugares como Alajuelita, San Carlos y Limón.
Estos programas parten de la idea de que la escuela no puede ser un espacio aislado del barrio ni de las dinámicas sociales del entorno. Por eso, promueven diagnósticos comunitarios, recuperación de espacios escolares inseguros, actividades deportivas, artísticas y de convivencia para estudiantes y familias. También se integran redes de cuido, patrullaje preventivo y campañas de sensibilización en temas como violencia de género, acoso escolar y consumo de drogas.
Un ejemplo destacado es el Proyecto “Zona Segura” en Hatillo, que en alianza con la policía comunitaria logró reducir la incidencia de delitos contra estudiantes en las afueras de centros educativos. El enfoque fue preventivo y participativo: se pintaron murales, se instalaron cámaras con apoyo vecinal, se organizaron jornadas de limpieza y ferias comunales.
A pesar de su impacto positivo, estos proyectos locales no cuentan con financiamiento estable ni con un marco legal nacional que los respalde, lo que los hace frágiles ante cambios políticos o recortes presupuestarios.
Hecho actual: Riesgo de recortes en prevención local
En junio de 2025, la Comisión de Seguridad del Congreso costarricense propuso un recorte del 30% al presupuesto de programas preventivos municipales, lo cual podría afectar directamente iniciativas como los Comités Locales de Seguridad Ciudadana, los planes de cultura de paz en escuelas y las intervenciones juveniles en zonas de riesgo.
Esto fue denunciado por la Red de Promotores de Prevención de la Violencia Juvenil, quienes argumentaron que “cada colón invertido en prevención evita gastos diez veces mayores en sistema penal, cárceles y salud pública” (La Nación, 28 de junio de 2025). También alertaron que se estarían perdiendo cientos de horas de atención psicosocial a estudiantes, talleres para padres y proyectos comunitarios.
Este hecho refleja una tendencia peligrosa: en momentos de crisis económica, se recorta lo preventivo y se fortalece lo reactivo, ignorando que la prevención es precisamente lo que permite contener el avance del delito y la violencia estructural.
Propuesta: Fortalecer la política pública local
Para que las iniciativas locales en prevención del delito no dependan del azar o de la voluntad de una administración municipal particular, es necesario:
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Institucionalizar los programas preventivos municipales, dándoles rango de política pública y no de proyecto temporal.
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Crear una ley marco para la prevención local del delito, que asegure recursos, establezca indicadores de impacto y fomente la participación ciudadana.
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Capacitar a los gobiernos locales en criminología aplicada, análisis territorial del delito y diseño de programas preventivos.
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Fortalecer las alianzas entre municipalidades, centros educativos y organizaciones de base, mediante convenios, fondos concursables y redes territoriales.
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Desarrollar observatorios cantonales de seguridad, con datos propios y capacidad para generar alertas tempranas.
Costa Rica cuenta con una red municipal fuerte, una institucionalidad educativa sólida y organizaciones comunitarias activas. Lo que falta es una visión integral y coordinada que articule esos esfuerzos con objetivos de largo plazo y respaldo estatal.
Conclusión
Las políticas públicas locales pueden ser tanto o más eficaces que los grandes planes nacionales, siempre que cuenten con liderazgo, respaldo técnico y continuidad. Los casos de Peñalolén y los entornos escolares seguros en Costa Rica nos demuestran que la prevención se construye desde el barrio, desde la escuela y desde la comunidad, no desde oficinas alejadas de la realidad.
Sin embargo, para que estos programas sean sostenibles, deben dejar de ser iniciativas voluntaristas o marginales. Se requiere reconocer el papel estratégico de los gobiernos locales en la seguridad ciudadana y dotarlos de los recursos y competencias necesarias. Solo así se podrá frenar la escalada delictiva antes de que llegue a los tribunales, a las cárceles o al cementerio.
La prevención no es un lujo ni un gasto: es una inversión ética, social y económica imprescindible para el futuro de Costa Rica.
Noticias y hechos actuales relacionados
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Nacional: “Recortes en seguridad pondrían en riesgo programas de prevención juvenil” – La Nación, 28 de junio de 2025.
https://www.nacion.com/pais -
Local: “Entornos escolares seguros en Limón reducen incidentes violentos” – CRHoy, 5 de mayo de 2025.
https://www.crhoy.com
Referencias
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Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC). (2015). Informe: experiencias exitosas en prevención de la criminalidad en América Latina.
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Secretaría de Educación Pública (SEP). (2020). Entornos escolares seguros en escuelas de educación básica. México.
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