Introducción
Hablar de prevención del delito juvenil implica mirar de frente una de las dimensiones más complejas y delicadas del fenómeno criminal: la incorporación temprana de personas menores de edad a economías ilegales, estructuras violentas o comportamientos delictivos recurrentes. En esta etapa del desarrollo humano, las intervenciones institucionales no solo deben detener un proceso de riesgo, sino también transformar el entorno, fortalecer la identidad positiva del joven y evitar su exclusión sistemática.
En esta entrada analizo las causas estructurales de la delincuencia juvenil, las deficiencias de las respuestas actuales en América Latina, y propongo un modelo de intervención basado en derechos, territorialidad y enfoque restaurativo. Además, reflexiono sobre la situación actual en Costa Rica a raíz de las cifras del OIJ y los recientes debates sobre aumento de penas a menores.
Juventud y delito: un fenómeno estructural
Numerosas investigaciones han demostrado que la delincuencia juvenil no nace en la adolescencia, sino que es la manifestación tardía de múltiples vulnerabilidades acumuladas: abandono familiar, deserción escolar, pobreza extrema, violencia intrafamiliar, consumo problemático de sustancias, exclusión educativa, falta de oportunidades laborales, etc.
En este sentido, el delito juvenil no puede ser abordado únicamente desde el sistema penal juvenil, sino que requiere intervenciones multisectoriales preventivas mucho antes de que el joven cometa una infracción. Sin embargo, muchos países latinoamericanos (Costa Rica incluida) aún mantienen un enfoque reactivo, en el que la intervención estatal se activa solo cuando el delito ya ha ocurrido.
Esto no solo es ineficiente desde el punto de vista económico, sino que es profundamente injusto. La mayoría de adolescentes judicializados provienen de contextos de exclusión, y el sistema muchas veces reproduce esa exclusión mediante procesos estigmatizantes, medidas privativas de libertad, y entornos institucionales punitivos.
La ilusión del castigo ejemplar
En el imaginario social, suele creerse que el endurecimiento de penas contra menores infractores disuade la violencia. Esta lógica, además de falsa, alimenta discursos populistas que utilizan el miedo como motor de políticas públicas. La evidencia ha demostrado que las penas más duras no disminuyen la reincidencia juvenil, e incluso pueden aumentarla si no están acompañadas de procesos formativos y de inclusión.
En abril de 2025, tras el homicidio de un taxista en Desamparados, atribuido a un joven de 16 años, se reactivó en Costa Rica el debate parlamentario sobre reformas a la Ley de Justicia Penal Juvenil. Algunos sectores propusieron reducir la edad de imputabilidad o ampliar las penas hasta los 25 años. Sin embargo, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y varios organismos de derechos humanos advirtieron que esa medida sería regresiva y violatoria de principios internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Lo que este caso revela es una tensión constante en nuestras sociedades: la búsqueda de soluciones rápidas frente a fenómenos complejos, ignorando la raíz estructural del problema.
Las fallas del sistema actual
En Costa Rica, el sistema de justicia penal juvenil ha intentado integrar un enfoque restaurativo y pedagógico, pero su alcance ha sido limitado por diversos factores:
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Infraestructura inadecuada en los centros de atención para jóvenes infractores.
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Escasez de programas socioeducativos en zonas de alto riesgo.
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Falta de articulación entre MEP, IAFA, PANI, policía y gobiernos locales.
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Carencia de datos actualizados sobre reincidencia juvenil.
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Estigmatización mediática que condiciona la respuesta institucional.
De acuerdo con el OIJ, en el primer semestre de 2025 se registraron 894 denuncias contra adolescentes entre 12 y 17 años, siendo los delitos más comunes el robo agravado, las amenazas y el microtráfico. El 70% de estos casos ocurrió en solo seis cantones: San José, Desamparados, Alajuela, Limón, Puntarenas y Cartago.
Estas cifras reflejan un fenómeno concentrado territorialmente, donde los factores de riesgo no son individuales, sino comunitarios. Es decir, la prevención debe apuntar al entorno, no solo al joven.
Propuesta: Modelo integral de prevención del delito juvenil
Frente a las limitaciones del enfoque actual, propongo un modelo de intervención que articule tres dimensiones clave: prevención primaria, secundaria y terciaria, integrando instituciones, comunidad y juventud organizada.
1. Prevención primaria: antes del delito
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Creación de “Puntos Jóvenes” cantonales, centros multidisciplinarios de apoyo a la población adolescente con servicios de salud mental, tutorías escolares, orientación vocacional y actividades deportivas y artísticas.
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Programas de educación emocional y resolución de conflictos desde primaria, con enfoque en masculinidad positiva, derechos humanos y cultura de paz.
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Mapeo de riesgos territoriales mediante análisis delictual, ausentismo escolar, embarazos adolescentes y violencia doméstica.
2. Prevención secundaria: intervención ante factores de riesgo
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Equipos territoriales de respuesta rápida ante señales de riesgo (consumo, abandono, violencia), conformados por MEP, IAFA, PANI, municipalidades y policía comunitaria.
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Reforzamiento de programas de mentoría juvenil y redes de apoyo familiar, especialmente en zonas con alta presencia de pandillas o estructuras narco-locales.
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Convenios con empresas privadas para programas de inserción laboral con acompañamiento psicosocial.
3. Prevención terciaria: después del delito
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Medidas restaurativas para la reparación del daño y reintegración del joven infractor a su comunidad.
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Reformulación de las medidas privativas de libertad hacia modelos pedagógicos y restaurativos, con procesos individualizados de acompañamiento.
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Seguimiento post-egreso obligatorio durante al menos 12 meses, con apoyo comunitario.
Este modelo debe ser territorializado, basado en evidencia, con financiamiento sostenido y participación juvenil activa. Los jóvenes deben ser protagonistas, no objetos de la política pública.
Buenas prácticas internacionales: inspiración posible
A nivel internacional, hay programas exitosos que pueden servir de inspiración para Costa Rica:
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Programa Vínculos (Rosario, Argentina): intervención integral con jóvenes en barrios vulnerables, con eje en deporte, arte, tutorías y redes comunitarias.
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Modelo Glasgow (Escocia): abordaje del delito juvenil desde una lógica de salud pública, integrando prevención de adicciones, violencia doméstica y abandono escolar.
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“Cure Violence” (Chicago, EE.UU.): contratación de exinfractores como mediadores de conflictos y agentes de cambio en sus comunidades.
Todos estos modelos coinciden en una premisa: la represión por sí sola no transforma, pero la oportunidad sí.
Hecho actual: Debate parlamentario sobre justicia juvenil
En junio de 2025, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa de Costa Rica reactivó el expediente 22.503, que plantea reformas a la Ley de Justicia Penal Juvenil para permitir sanciones más severas a menores reincidentes. Esto ha generado una fuerte reacción de parte del Poder Judicial, el PANI y universidades públicas, quienes advierten que se estaría violando el principio de interés superior del menor y la progresividad de derechos.
Este hecho evidencia que la prevención no solo es un asunto técnico, sino político y ético. Defender un modelo restaurativo frente a la presión punitiva requiere valentía institucional y ciudadanía crítica.
Conclusión
La prevención del delito juvenil no puede seguir siendo un apéndice del sistema penal ni una bandera electoral vacía. Requiere una transformación profunda del enfoque institucional, de la cultura política y de la forma en que concebimos a la juventud en nuestra sociedad.
Mientras sigamos abordando a los adolescentes como amenazas en vez de como potenciales ciudadanos, seguiremos sembrando violencia en vez de prevenirla. Solo con programas preventivos integrales, inclusivos y territoriales, articulados entre instituciones y comunidades, lograremos frenar la espiral de exclusión y criminalidad que atrapa a miles de jóvenes en América Latina y en Costa Rica.
La pregunta no es si la prevención funciona, sino si estamos dispuestos a sostenerla y a confiar en los jóvenes.
Noticias y hechos actuales relacionados
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Nacional: “Aumentan los delitos cometidos por adolescentes; diputados reabren debate sobre justicia juvenil” – La Nación, 20 de junio de 2025.
https://www.nacion.com -
Internacional: “Escocia logra reducir delitos juveniles en 48% con modelo de salud pública” – The Guardian, 11 de abril de 2025.
https://www.theguardian.com
Referencias
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Hernández Latorre, S. D. (2015). Informe: experiencias exitosas en prevención de la criminalidad en América Latina. Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad.
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SEP (2020). Entornos escolares seguros en escuelas de educación básica. Secretaría de Educación Pública de México.
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