2.El proceso de victimización y sus manifestaciones en el sistema de justicia

 El proceso de victimización y sus manifestaciones en el sistema de justicia

El estudio de la victimología no se limita a identificar quién ha sufrido un delito, sino que analiza el proceso de victimización como una experiencia compleja que se desarrolla en distintas etapas y que puede verse influida por múltiples factores sociales e institucionales. Comprender este proceso permite reconocer que el daño causado por el delito no termina en el momento en que ocurre el hecho, sino que puede prolongarse en el tiempo e incluso intensificarse dependiendo de la respuesta que reciba la persona afectada.

La victimización puede entenderse como el conjunto de consecuencias que experimenta una persona a raíz de una conducta delictiva o violenta. Estas consecuencias no son únicamente materiales o físicas, sino también emocionales, psicológicas y sociales. Desde la perspectiva victimológica, el delito representa una ruptura en la vida cotidiana de la víctima, generando sentimientos de inseguridad, pérdida de control, miedo o desconfianza hacia el entorno. Por ello, el análisis criminológico contemporáneo insiste en que la respuesta al delito debe contemplar tanto la sanción del responsable como la atención integral de quien ha sufrido el daño (Márquez Cárdenas, 2011).

Dentro de este proceso se distinguen tres formas principales de victimización: primaria, secundaria y terciaria, categorías que permiten comprender la profundidad del impacto del delito en la vida de las personas.

La victimización primaria es la que se produce directamente como consecuencia del hecho delictivo. Se refiere al daño inmediato que sufre la víctima, ya sea físico, económico o emocional. Esta etapa incluye el miedo, la angustia, la confusión o la afectación directa derivada de la agresión o del acto criminal. Sin embargo, la victimología advierte que el impacto del delito no puede medirse únicamente por el daño visible, ya que muchas veces las secuelas psicológicas perduran más que los materiales, afectando la estabilidad personal, familiar y social de la víctima (Aquino Bustos, Cáceres Vázquez, & Arcos Martínez, 2019).

Posteriormente aparece la victimización secundaria, que ocurre cuando la persona entra en contacto con las instituciones encargadas de la administración de justicia. Esta forma de victimización no proviene del delincuente, sino de respuestas inadecuadas por parte del sistema judicial, policial o social. Trámites excesivos, falta de información, interrogatorios repetitivos, desconfianza hacia el relato de la víctima o la ausencia de acompañamiento profesional pueden generar un nuevo sufrimiento que se suma al ya experimentado. En lugar de encontrar apoyo, la persona puede sentirse cuestionada, invisibilizada o re vivenciar constantemente el hecho traumático (Gorra, s.f.).

La victimología ha sido especialmente crítica con este fenómeno, señalando que un sistema de justicia excesivamente formalista puede convertir a la víctima en un actor pasivo dentro del proceso penal, reduciéndola a un simple medio probatorio. Márquez Cárdenas (2011) sostiene que, históricamente, los procedimientos judiciales fueron diseñados sin considerar las necesidades emocionales ni la protección de la víctima, lo que contribuyó a su marginación dentro del proceso.

Finalmente, se identifica la victimización terciaria, que se relaciona con las consecuencias sociales y personales a largo plazo. Esta puede manifestarse mediante estigmatización, aislamiento, pérdida de oportunidades laborales, deterioro de relaciones familiares o sensación permanente de inseguridad. En algunos casos, la víctima debe reconstruir completamente su proyecto de vida tras el delito, enfrentándose a barreras sociales que dificultan su recuperación. Este tipo de victimización demuestra que el impacto del delito trasciende el momento del hecho y puede convertirse en una experiencia prolongada si no existen mecanismos adecuados de apoyo y reparación (Aquino Bustos et al., 2019).

El reconocimiento de estas formas de victimización ha llevado a replantear el papel del Estado y de las instituciones en la atención a las personas afectadas por el delito. La victimología contemporánea propone que la justicia no debe limitarse a castigar, sino que debe orientarse hacia la protección, la reparación y la prevención. Esto implica desarrollar políticas públicas que integren asistencia psicológica, asesoría legal, acompañamiento social y mecanismos que eviten la revictimización durante el proceso judicial (Aquino Bustos et al., 2019).

En este contexto surge la importancia de la prevención victimal, entendida como el conjunto de acciones dirigidas a reducir los factores de riesgo que pueden generar situaciones de victimización. A diferencia de los modelos tradicionales centrados únicamente en el control del delito, la prevención victimal busca fortalecer la educación, la información y la participación comunitaria como herramientas para disminuir la vulnerabilidad de las personas frente a la violencia. Este enfoque promueve una cultura de respeto, solidaridad y corresponsabilidad social, donde la seguridad no depende exclusivamente del sistema penal, sino también de la construcción de entornos protectores (Aquino Bustos et al., 2019).

Además, el estudio del proceso de victimización permite comprender que cada persona vive el delito de manera distinta. Factores como la edad, el género, el contexto socioeconómico o el apoyo familiar influyen en la forma en que se experimenta el daño y en la capacidad de recuperación. Por ello, la victimología insiste en la necesidad de respuestas diferenciadas e interdisciplinarias, que integren conocimientos de la psicología, la sociología y el derecho para ofrecer soluciones más humanas y eficaces (Gorra, s.f.).

Desde la formación en criminología, analizar el proceso de victimización implica ampliar la mirada más allá del delincuente y reconocer que el delito genera consecuencias profundas en el tejido social. Comprender estas dinámicas permite diseñar estrategias de intervención orientadas no solo a sancionar conductas ilícitas, sino también a prevenir nuevos hechos y a garantizar que las víctimas reciban un trato digno, respetuoso y reparador.

En síntesis, el proceso de victimización evidencia que el daño del delito no es un evento aislado, sino una experiencia que puede prolongarse e intensificarse dependiendo de la respuesta institucional y social. La victimología, al estudiar estas manifestaciones, aporta herramientas fundamentales para humanizar el sistema de justicia, evitar la revictimización y promover una cultura preventiva centrada en la protección de la persona y en el respeto de sus derechos. Este enfoque representa un avance significativo hacia modelos de justicia más integrales, donde la atención a la víctima constituye un elemento esencial en la comprensión y abordaje del fenómeno criminal.

Referencias 

Aquino Bustos, F. J., Cáceres Vázquez, M., & Arcos Martínez, J. P. (2019). La cultura de la prevención victimal: Una alternativa no violenta para afrontar la violencia. Ciudad de México: Colofón Ediciones Académicas / Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Gorra, D. G. (s.f.). Reflexiones sobre la víctima en el proceso penal y frente a la teoría del delito. Universidad Católica de Cuyo.

Márquez Cárdenas, A. E. (2011). La victimología como estudio: Redescubrimiento de la víctima para el proceso penal. Prolegómenos. Derechos y Valores, 14(27), 27–42.